Estudio del CCDH y el PNUD sobre el derecho al desarrollo en Marruecos: situación y perspectivas del futuro

El respeto de los derechos humanos como marco de acción necesario para alcanzar cualquier política de desarrollo es un principio ampliamente admitido desde la Declaración del Milenio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2000.

La sección V de esta declaración se titula "Derechos humanos, democracia y buena gobernanza", y la tercera sección reitera la declaración sobre "el derecho al desarrollo", aprobada el 04 de diciembre de 1986.

Este vínculo consustancial entre el desarrollo humano y los derechos humanos favoreció la firma de un partenariado entre el Consejo consultivo de los derechos humanos (CCDH) y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Consejo da un especial interés a los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), considerándolas actualmente como eje prioritario de trabajo. El PNUD, por su parte se centra en la importancia de los vínculos entre los DESC y los objetivos de desarrollo del milenio que se encarga de su seguimiento y aplicación.

La relación entre el desarrollo humano y los derechos humanos favoreció el establecimiento de un partenariado entre el CCDH Y el PNUD. EL CCDH da un interés especial a los derechos socio-económicos y sociales que son actualmente eje de su acción. El PNUD por su parte se centra en la importancia de la relación entre los DESC y los objetivos del milenio que se encarga de su seguimiento y aplicación.

Ambas partes se basan en una serie de principios horizontales muy relacionados. Si bien los objetivos del milenio estipulan la promoción del desarrollo y el enfoque género, el pacto internacional de los DESC llama a una vida digna y a la no-discriminación. Esta relación entre las dos perspectivas se ha reforzado, mediante el pacto que llama los Estados firmantes a la aplicación de los derechos indicadas en el pacto y por representar una guía para el logro de resultados concretos.

A nivel práctico, Marruecos conoce un crecimiento de las reivindicaciones socioeconómicas (el empleo, la salud, los servicios básicos, la educación, etc.) y culturales (en particular los derechos lingüísticos) y todo ello debido a los esfuerzos desplegados por la sociedad civil que garantizarán sin duda un futuro mejor donde el concepto de desarrollo será ampliamente admitido en la sociedad.

Mientras tanto, la pobreza y la exclusión que afectan a una parte de la población marroquí ya no son ignorados. La estrategia para la lucha contra estos dos fenómenos se ha formulado gradualmente mediante la asignación importante de presupuestos a los sectores sociales (53% en 2009 frente a 39% en 1993), el establecimiento de organismos de desarrollo y el lanzamiento de varios programas (Programa de Prioridades Sociales, la Iniciativa Nacional para el desarrollo humano, el Programa de apoyo de la gobernanza, etc.). En este marco, el CCDH ha llevado, en colaboración con el PNUD, un estudio dedicado al tema del "Derecho al Desarrollo en Marruecos". Este estudio se centra en cuatro sectores principales visto el estado de desarrollo en Marruecos a saber: el empleo, la educación, la salud y la vivienda.

Objetivos
El objetivo principal de este estudio es promover la integración del enfoque de derechos humanos en el proceso de toma de decisiones relativo al asunto público y, en consecuencia, en las políticas y programas públicos y relacionados con el desarrollo humano.
El segundo objetivo es iniciar un debate nacional en torno a las posibilidades de desarrollo de métodos y medidas para seguir los avances y retrocesos del campo de derechos humanos, al igual de lo que se está haciendo para el desarrollo humano. El objetivo es constatar el impacto de las políticas públicas en el progreso social no sólo a través de indicadores de desarrollo, pero también en vista de los derechos humanos.

Metodología
La metodología adoptada en este estudio se basa principalmente en el análisis de datos, la documentación disponible y las entrevistas realizadas con personas consideradas como fuente importante de información. Este análisis se ha basado en una serie de criterios. El estudio se centró en primer paso a establecer un diagnóstico de cada uno de los cuatro sectores. Luego trató de estudiar las políticas públicas sectoriales en términos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, centrándose en los logros, las lagunas y deficiencias, con especial atención a las categorías de población más vulnerable.
EL SECTOR DE LA VIVIENDA Y EL DERECHO A LA MISMA
La cuestión de la vivienda en Marruecos alude por una parte a las unidades de vivienda disponibles, sus características y su situación por una parte, y la producción de viviendas, sus formas y actores concernidos, por otra parte.

El sector ha registrado una notable dinámica durante el período 2003-2007, traducido, en particular, en la aceleración del ritmo de producción de unidades de vivienda autorizados, pasando de 81 670 unidades en 2000 a 110 810 en 2006.
A nivel legislativo: los textos legislativos que reglamentan el sector datan del período del Protectorado. Varios esfuerzos se han hecho desde entonces, para la armonización de las disposiciones legales pertinentes con el desarrollo de la sociedad. Pero el arsenal, que se ha establecido durante el Protectorado aún no se sujeta a las reformas necesarias para acompañar el ritmo de las rápidas transformaciones que conoce el sector. En muchos casos, se nota una discrepancia entre los textos legales y la práctica.
En el campo de las políticas públicas: las intervenciones públicas han adoptado formas diferentes, incluido el nivel de movilización de recursos públicos.

A pesar de los esfuerzos desplegados y los resultados alcanzados y que conocieron una mejora sostenida en la gestión y control de las acciones, todavía hay disparidades en la aplicación de estos programas entre las regiones y ciudades del Reino. Además sus efectos se inscriben en el marco del proceso de reforma y corrección, más que en el marco de las políticas de desarrollo.

El análisis del sector de vivienda, conforme a la serie de criterios de análisis vinculado a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los derechos citados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, destaca los progresos alcanzados y las deficiencias registradas y las limitaciones que impiden el acceso a una vivienda digna. Los cuatro aspectos de este análisis son: el acceso, la gobernanza, el contexto legislativo, el seguimiento y la evaluación.
El acceso a la vivienda: se han hecho enormes esfuerzos respeto al acceso a una vivienda digna por la población con ingresos limitados, pero se registra un retroceso y disparidades entre regiones, incluso dentro de barrios, etc.

Las deficiencias son evidentes, especialmente en las zonas rurales y las periferias de las grandes ciudades. A medida que la mejora general de las condiciones de vivienda esconde las disparidades entre las zonas urbanas y rurales y entre regiones;

• Se han movilizado importantes recursos financieros en el sector de la vivienda, pero la asignación de presupuestos sufren de una distribución desigual entre las zonas urbanas y rurales;

• En la última década, el ritmo de producción de unidades de vivienda que responden a las normas se ha acelerado, sólo que aún se registra producción de la vivienda inadecuada que se propaga principalmente entre la población con ingresos limitados.

• Hay que desplegar más esfuerzos, en particular en algunas zonas, para lograr el objetivo que consiste en el acceso de las familias con ingresos bajos a una vivienda adecuada, a fin de reducir las disparidades en el campo de alojamiento entre las regiones, y entre el medio rural y urbano.

• Los diferentes dispositivos que se han adoptado en el campo, permiten constatar los avances registrados en el acceso a la vivienda, con el objetivo de proporcionar una vivienda a todos, en particular a los grupos con bajos ingresos

• Sin embargo, el tamaño del déficit registrado en el ámbito de la vivienda y las crecientes necesidades y dificultades impide la realización de este objetivo.

La gobernanza
El esfuerzo desplegado por el Estado en el campo de la vivienda toma varias formas: la asignación de recursos financieros y medios técnicos necesarios para garantizar la producción de unidades de vivienda y su disponibilidad al mayor número de población, a través de programas específicos destinados a las familias de bajos ingresos. Sin embargo, el sector todavía sufre varias distorsiones que limitan el impacto de las intervenciones estatales en este ámbito. Entre estos desequilibrios:
Importantes disparidades entre las regiones, a pesar de la importancia de las unidades de vivienda creadas. La ciudad de Casablanca, por ejemplo, todavía no ha logrado el objetivo de “Ciudades sin chabolas”;
-La excesiva concentración de todos los medios en manos de los actores públicos, en detrimento de las peculiaridades locales y la diversidad de enfoques;
La importancia de los logros a nivel cuántico, pero pocos avances registrados en el nivel de calidad urbana y arquitectónica y la adecuación con las condiciones climáticas y las prácticas culturales de la población;
El sector de la vivienda se considera aún de forma sectorial y no está incorporado adecuadamente en la perspectiva integral de desarrollo territorial. La aplicación de programas en materia de la vivienda requiere la coordinación entre los sectores gubernamentales a nivel central con un enfoque en el ámbito local para la realización de los objetivos trazados.

El marco jurídico
El derecho a la vivienda no está previsto explícitamente en los textos jurídicos de Marruecos, pero el Reino dispone de textos legislativos y reglamentarios que rigen y estructuran el sector de la vivienda. En general, este arsenal jurídico está sujeto a constantes reformas, pero el ritmo de ratificación de las leyes es muy lento, con dificultades en la aplicación.
En otro nivel, tomamos nota de la simplificación de los procedimientos de permisos de construcción, y las medidas extraordinarias en relación con los documentos de construcción, con el fin de fomentar la inversión, especialmente en el ámbito de la vivienda social. Sin embargo está simplificación no está suficientemente estructurada, legalmente, da lugar a desequilibrios importantes, vinculados a la planificación urbana y el desarrollo urbano. Por último, cabe señalar la ausencia de disposiciones que toman en consideración las peculiaridades de la vivienda destinada a algunos grupos sociales (las personas con necesidades especiales).

Seguimiento y Evaluación
El sector de la vivienda se caracteriza por la regularidad a nivel de seguimiento, basándose en los datos derivados de las inspecciones regionales de la vivienda y los observatorios regionales. Sin embargo, este seguimiento a menudo se limita a los aspectos cuantitativos de los programas y no se ocupa de los aspectos socio-económicos, además de la integración urbana.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN
El acceso a la educación El tercio de los niños escolarizados, nunca han beneficiado de la educación preliminar. Y sólo el tercio de los niños que han beneficiado de la educación preliminar han accedido al jardín de niños, mientras que el resto ha ingresado a las escuelas coránicas.
El modelo actual de la educación primaria no se ajusta a la naturaleza de los niños que sufren de discapacidad mental o física y los hijos de nómadas o que viven en zonas montañosas y aisladas. El niño pasa mucho tiempo en el estudio de programas que no le permiten desarrollar sus capacidades. Por lo tanto, el desarrollo de programas educativos que se caracterizan por la diversidad contribuiraa, sin duda alguna a la mejora de sus resultados.

La gobernanza
El refuerzo de las competencias de las academias e instituciones educativas su responsabilización permitirá:
Garantizar la aplicación estricta de los textos legislativos y reglamentarios relativos a la educación relativa a los aspectos pedagógicos, la transparencia en la gestión de recursos, la lucha contra el abandono escolar y algunos otros aspectos negativos de carácter local;
Asegurar una mejor coordinación entre los sectores y actores concernidos y con las comunidades locales;
Crear una nueva dinámica capaz de solucionar los problemas relativos al acceso a las infraestructuras, equipamientos y servicios educativos.
El marco jurídico
Mirando el sector de educación con ojos críticos permite diagnosticar una serie de problemas:
la inaplicación de las disposiciones de textos normativos y legales con la exactitud necesaria;
La aparición de algunos problemas recurrentes, que se deben a la ausencia de un marco jurídico y reglamentario que aborda una serie de aspectos como la gestión financiera, la lucha contra el analfabetismo y la educación no formal, la organización de huelgas, la ética de la profesión docente, y la violencia en el entorno escolar. Cabe señalar aquí que algunos aspectos de la gestión financiera aún están sujeto a las decisiones ministeriales que data de la era del Protectorado.

Seguimiento y evaluación
El refuerzo de la independencia y de las competencias de las academias regionales de educación y formación debería ser acompañada por un sistema de evaluación periódica que supervisa el trabajo de las instituciones educativas, y las estructuras administrativas descentralizadas. La ausencia de este sistema, impide el logro de los resultados deseados y el fomento de las mejores prácticas basadas en los resultados.

DERECHO A LA SALUD
El sector de la salud sufre una serie de deficiencias que residen en el acceso a la atención médica, la gobernanza del sector, su contexto reglamentario y su evaluación. Es importante subrayar el impacto positivo global de los progresos realizados en el sector de la salud y su efecto sobre la población.

Estos logros se manifiestan en el nivel de control socio-económico como la tasa de crecimiento demográfico (1,4%), la tasa global de fecundidad (2,5 hijos para cada mujer), etc. Todos estos logros se han realizado gracias a la disminución significativa de la mortalidad entre los niños, la fuerte reducción en la prevalencia de varias enfermedades transmisibles, la extensión de la prestación de la asistencia sanitaria pública y privada incluso el refuerzo de las capacidades de los profesionales del sector de la salud.

Acceso a la atención médica
A pesar de los logros alcanzados, el sector de la salud registra aún importantes deficiencias, a menudo exacerbada por las desigualdades geográficas y categoriales.
En particular para los grupos vulnerables como (las mujeres, los niños y los discapacitados) que están en situación de desigualdad que se manifiesta en las diferencias entre las regiones y zonas (medio urbana y rural), en particular en la repartición de recursos humanos, establecimientos sanitarios de base y financiación pública. El servicio global aportado por el sector público y privado se caracteriza por un bajo grado de complementariedad. Esta oferta no ha permitido registrar un equilibrio entre las diferentes regiones y menos aún entre las distintas provincias en materia de los servicios básicos de salud.

La tasa de mortalidad materna e infantil en Marruecos es una de las más elevadas del mundo, con aún más grandes disparidades entre regiones y medio rural y urbano. Estas muertes se deben principalmente a las condiciones desfavorables de parto. Muchas mujeres siguen dando a luz en casa, lejos de cualquier supervisión médica. Hay que decir que este marco sigue siendo débil incluso en los hospitales del Ministerio de Salud.

Los más pobres, especialmente en las zonas rurales, se enfrentan a muchos desafíos (económicos, geográficos, socio-culturales...) para acceder a los servicios de atención médica, que está marcada por la distribución desigual, tanto médica como paramédica. La prestación de servicios médicos está por debajo de las necesidades de ciertas enfermedades, en particular la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal, las enfermedades mentales y las enfermedades cardiovasculares. El nombre de personas que padecen del VIH / SIDA, bajo tratamiento, se incrementa considerablemente. El acceso a la atención médica varía según el nivel de ingresos de los ciudadanos. La población pobre beneficia de los servicios prestados por el sector público, mientras que los más ricos están optando por las clínicas. Los pobres son en gran medida excluidos del seguro de salud.

El marco jurídico La legislación marroquí contiene un conjunto de textos jurídicos cuya disposición indica un cierto grado de integración del derecho a la salud. El arsenal legislativo y reglamentario sigue siendo insuficiente, y a veces incompleto u obsoleto. Estas leyes no reflejan la existencia de una política nacional de salud y un sistema nacional de salud. Por otra parte, el dispositivo disponible actualmente no marca el conjunto de estructuras y acciones sanitarias, a saber:
Las estructuras hospitalarias públicas y privadas se caracterizan por su lenta adaptación a los cambios y necesidades de desarrollo del sector.
Los programas sanitarios, la organización hospitalaria y la garantía de los derechos de los enfermos, en particular la confidencialidad del expediente médico del paciente.

La Gobernanza Las autoridades sanitarias han multiplicado sus intervenciones para adaptar el sector al contexto de desarrollo socio-económico, con el fin de reducir las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria causada por el incesante déficit presupuestario y debido a la reducción de los efectos de la crisis económica sufrida por los sectores sociales en general y el sector de la salud, en particular. A pesar del programa de reforma en curso, el sector sufre aún deficiencias significativas a nivel de la gobernanza:

la deficiencia a nivel de la colaboración y coordinación, que afectan a las estructuras internas del ministerio y las relaciones de éste con otros sectores.
la falta de medios tanto materiales como humanos y de servicios a nivel provincial - la edificación de la legislación sanitaria está monopolizada por la administración pública, mientras que el papel del sector privado es casi ausente. Este monopolio se agrava por el "centralismo administrativo" en la gestión del sistema de salud y la planificación de los programas de salud. Esto da lugar a otros problemas a nivel de la gobernanza, a saber:

La falta de una política de gestión de recursos humanos, por lo tanto, la distribución desigual de los profesionales de la salud en todo el país y la concentración de una gran parte de los recursos entre las ciudades de Rabat y Casablanca;
La disparidad en la distribución de las estructuras de atención sanitaria pública y privada entre diferentes regiones;
La insuficiencia de la financiación del sistema de salud. El gasto total se mantiene muy por debajo de las necesidades, lo que constituye un obstáculo para el desarrollo del sector;
La ausencia de una política concreta de medicamentos;
Las deficiencias en la gestión de los hospitales públicos, en particular: la centralización de la gestión administrativa y la falta de coordinación con los centros de salud a nivel provincial, la falta de personas competentes en materia de la gestión de hospitales, recursos técnicos y humanos, etc.;
-La existencia de otros fenómenos, tales como el absentismo, la corrupción, la mala recepción de pacientes, etc.

Seguimiento y evaluación Lo que más cuenta en este sector es, principalmente, la evaluación periódica mediante el establecimiento de un sistema nacional de información sanitaria para la recogida de datos necesarios para el seguimiento del asunto de salud a nivel central y local. Un sistema que será reforzado con estudios e investigaciones de campo de carácter cuantitativo y cualitativo.

Las deficiencias en este campo se deben a la falta de control de gestión, especialmente necesaria en un contexto dominado por la práctica ilegal de la medicina, el derroche de recursos, el ausentismo, la práctica de la corrupción, todos agravados por la debilidad de los programas sociales y la falta de medios para la motivación de los trabajadores en este sector.

EL EMPLEO Y EL DERECHO AL TRABAJO
• En general, se observa la persistencia de disparidades en el acceso al empleo y los ingresos entre las zonas urbanas y rurales y hacia los grupos especiales. El crecimiento de la actividad económica no va acompañado con una distribución equitativa de los ingresos entre las zonas rurales y urbanas, entre regiones, y entre diferentes clases y grupos sociales.

• Entre 1990 y 2007 se registró una disminución en la proporción de pobreza extrema (un dólar al día), mientras que la tasa de pobreza se ha establecido en (dos dólares al día). Los esfuerzos que pretenden reducir los índices de pobreza en las zonas rurales se caracterizan por un ritmo lento, especialmente en tres regiones cubiertas por el programa de prioridades sociales (BAJ).

• La pobreza afecta a una proporción mayor de mujeres y niños, debido a la falta de oportunidades de trabajo disponibles para esta categoría.
• Entre 2000 y 2007 se establecieron las diferencias en materia de consumo y acceso a los ingresos.

• No había una mejora a nivel de la diferencia de tasa entre 20 % de los más ricos de la población y el 20 % de los más pobres entre 2000 y 2007.

• El quinto de los más pobres de la población pasó de 6,6 por ciento en 1990 a 6,5 en 2007

• El tamaño de las desigualdades es más fuerte en las zonas urbanas, especialmente en tres regiones. • La proporción de los salarios mínimos, el seguro social y la supervisión sindical sigue siendo limitada a los trabajadores en el sector formal, y en una muy pequeña minoría dentro del sector informal.

• El sistema de empleo no es compatible a las pequeñas, medianas y pequeñas empresas en el sector informal y el sector de la agricultura.

• la falta de indemnización a los desempleados y la baja cobertura de los regímenes de pensiones (sector privado e informal), así como la falta de respeto a la ley laboral, en particular en el sector informal, son todos los obstáculos que enfrenta el sector.

• En lo que respecta a las categorías especiales, se registra la persistencia de las disparidades y desigualdades en el acceso de las mujeres a los ingresos independientes, dada la baja proporción de trabajo de las mujeres vulnerables.

• La subida de mujeres que benefician de la enseñanza no aumenta sus posibilidades de lograr un puesto de trabajo.

• La proporción de trabajo infantil se ha bajado, pero sigue siendo alta en las zonas rurales

• Los niños que trabajan son los más vulnerables a la discriminación en los salarios. Especialmente para las niñas criadas.

• La discriminación contra las personas con necesidades especiales, en cuanto al acceso a puestos de trabajo y el seguro social, sigue siendo. Cabe señalar que la proporción de adultos mayores beneficiarios de la jubilación sigue siendo débil.
La gobernanza

• hay muchas restricciones que dificultan los esfuerzos de reducción de la pobreza. Una de estas limitaciones es la debilidad de la creación de empleo, además de la fragilidad del crecimiento económico, las políticas limitadas, y la desigualdad de ingresos.

• El análisis de la política salarial muestra algunas deficiencias y un retroceso en materia de los logros sociales.

• El principio de flexibilidad de los salarios normalmente debe alentar la creación de empleo y el crecimiento económico. Sin embargo, este principio está en contra del derecho al trabajo, el desarrollo humano y el crecimiento en sí mismo. El débil nivel de desarrollo está vinculado a la baja demanda, que es también el resultado de los bajos salarios. El modelo de desarrollo asociado a los mercados extranjeros no favorece la creación de oportunidades de empleo sostenible.

• Las agencias nacionales de fomento de empleo sufren de los mismos aspectos de deficiencia. La liberalización del mercado de trabajo no necesariamente contribuye a garantizar una gestión transparente, eficaz en el mercado laboral.

• En el mismo sentido, el estudio plantea el déficit registrado en la gestión de los fondos de pensiones, especialmente las dificultades financieras y la falta de leyes que fomentan a la no de declaración de la acción de la presencia de la construcción

• El déficit aún existe en el ámbito de la seguridad y la salud en los espacios de trabajo, a pesar de los avances que se han logrado en el ámbito de la gestión que cambia de un sector a otro y de una ciudad a otra.

• Se ha registrado el mayor índice de accidentes en las ciudades de Fez, Marrakech y Casablanca, en particular en el sector textil y la construcción.
Esta situación se debe a la falta de formación adecuada para los inspectores en el empleo y los recursos humanos y materiales y la falta de sensibilización destinada a los diferentes actores.

• Por último, podemos decir que los asuntos de la gobernanza enfrenta problemas a nivel de coordinación entre los diferentes actores e instituciones, tanto en materia de desarrollo de políticas, su aplicación o su seguimiento.

El marco jurídico
A pesar de la mejora de las condiciones de trabajo y el desarrollo de las leyes el déficit aún persiste.
En general, las legislaciones nacionales en materia de empleo sólo se aplican a los empleados del sector público y los trabajadores en las grandes empresas, mientras que el resto de las pequeñas empresas en el sector informal esta fuera de la organización, ya sea por falta de recursos o falta de leyes adecuadas existentes, así como una discriminación del sector informal que crea oportunidades de empleo, a pesar de su fragilidad.

Cabe señalar la baja proporción de asalariados inscritos en la Caja de seguro social en el sector formal. La tasa del 7% de los puestos de trabajo destinados a personas con necesidades especiales no se respeta en la administración pública. Además de la falta de respeto de las leyes que prohíben el empleo de niños menores de 15 años de edad.
En el mismo contexto, toma nota de la ausencia de leyes aplicables en materia de libertad de acción sindical y el derecho de huelga, y la débil aplicación de las normas relativas a la higiene, la salud y el sector privado en los no estructurados.

Por último, cabe señalar la necesidad de crear un equilibrio entre dos principales cuestiones: las exigencias competitivas de las empresas para realizar cambios constantes, por un lado, y la necesidad de asegurar y proteger los derechos de los asalariados. Pero sigue siendo difícil lograr este equilibrio, especialmente a la luz de las restricciones que limitan los derechos sindicales, en particular la no ratificación del Convenio N º 87 sobre Libertad Sindical.

Seguimiento y Evaluación
La falta de límites de control y detección de la eficacia del papel de las instituciones que intervienen en el mercado de trabajo. En general, el seguimiento también es limitado debido a la falta de recursos necesarios para asegurar el control.