El CCDH finaliza el estudio del código de procedimiento penal

En el marco del seguimiento de las recomendaciones de la Instancia Equidad y Reconciliación y del interés que concede a la legislación penal y como complemento del estudio que ha realizado sobre el Código Penal, el Consejo consultivo de los derechos humanos ha iniciado un estudio sobre el actual código de procedimiento penal.

El estudio refleja el interés y la atención que presta el Consejo al Código de Procedimiento penal, teniendo en cuenta el lugar que ocupa en el seno del arsenal jurídico, en su estrecha relación con las libertades y los derechos humanos y la necesidad de su supervisión por garantías de libertad, de presunción de inocencia y de juicio imparcial.

Mediante el estudio de esta ley, el CCDH dedica sus diferentes intervenciones y contribuciones destinadas a mejorar esta ley para que sea a la altura de las opciones y los desafíos del país por una parte, en perfecta armonía con el derecho internacional de derechos humanos por otra parte.

El estudio tenía como objetivo el análisis del Código de Procedimiento penal actual, el diagnóstico de su grado de conformidad con el referencial Internacional de Derechos Humanos y el estudio de las perspectivas de su armonización, propuestas y recomendaciones en su apoyo.

La importancia del Código de procedimiento penal emana del hecho de que organiza el poder del Estado y sus instituciones en lo relativo a la detención, el proceso, juicios y sanción. Este último define las normas que se tiene que aplicar y respetar, en los diferentes trámites judiciales que siguen el delito, la forma de proceder de la policía, de la Gendarmería y jueces y los derechos y las competencias que les sean asignadas por consiguiente de la constatación del delito, pasando por la investigación preliminar, la instrucción y el juicio y terminando con la aplicación de la pena.

Sin embargo, la aplicación este de código por las instituciones, puede crear condiciones favorables a ciertos abusos y violaciones de los derechos y de sus garantías, lo que requiere la definición y delimitación minuciosa de las competencias y prerrogativas de los aparatos del Estado en la materia a fin de proteger y promover estos derechos y garantías.

El estudio se basó en los principios de derechos humanos estipulados en los convenios internacionales, sobre la doctrina y la jurisprudencia internacionales, sobre la Constitución, sobre los distintos informes del CCDH y el informe final de la Instancia equidad y reconciliación, para determinar y examinar las disposiciones contradictorias a los derechos humanos (las disposiciones relativas, a título de ejemplo, los procedimientos de detención y de registro, de investigación preliminar, de instrucción, el juicio, y de justicia de menores… o relativas a determinados conceptos como la presunción de inocencia, la duda y la independencia de la justicia...).

Se adoptará también sobre algunas lagunas o deficiencias existentes en el texto (como la no penalización de algunos abusos o violaciones y la falta de control sobre el cumplimiento de las garantías), sin olvidar de poner de relieve las garantías existentes en el actual Código.

El estudio diagnosticó y analizó el texto del Código, lo que le ha permitido formular propuestas sobre el conjunto de sus disposiciones, así como todas las etapas del procedimiento.